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Nueva Constitución en Cuba: asimetría en el consenso y la participación

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Vie, 2019-03-01

Luego del referéndum en el que los cubanos aprobaron con el 73% de participación la Nueva Constitución, la Flacso México llevó a cabo un seminario para discutir el proceso constituyente en la isla.

Convocados por la investigadora de la Flacso México, Cecilia Bobes, el profesor de la Flacso Ecuador, Julio César Guanche; el investigador del CIDE, Rafael Rojas y la doctora Aylinn Torres, del Instituto Cubano de Investigaciones Culturales “Juan Marinello” presentaron diversos datos y análisis en torno al proceso de reforma que se vivió como histórico en Cuba y en el mundo.

Durante su participación, Julio César Guanche aportó un breve recuento histórico en el que habló de tres momentos por los que ha pasado la Constitución cubana actual luego del independentismo: la Convención Constituyente, durante la ocupación militar norteamericana de 1901; la Reforma de 1940, que incluyó derechos familiares, populares y políticos; y la Primera Constitución Socialista Cubana, promulgada en 1976.

Tras los datos históricos, Guanche habló sobre las particularidades del constitucionalismo en Cuba, cuyo rasgo más sobresaliente ha sido que la Constitución es asumida como un mero documento normativo que no tiene aplicabilidad directa. “La constitución cubana vigente ha sido escasamente aplicada en tribunales”, sentenció, y al respecto señaló que este será uno de los principales retos de la Nueva Constitución.

Respecto al proceso que se desarrolló en los últimos meses en la isla, el escritor cubano dijo que “esta consulta ofrece buenas vías para la deliberación social, vías de cierta presión hacia el Estado, pero uno de sus problemas es que manifiesta que hay una gran asimetría entre la capacidad de decidir y la capacidad de proponer de la ciudadanía”.

Para la investigadora Aylinn Torres Santana, la cobertura mediática internacional que pudo realizarse sobre el proceso constituyente fue inédito y muy importante pues puso en el centro las voces de intelectuales (que usualmente se fragmentan) en el espacio público no oficial. Para ella, una de las cuestiones enigmáticas de la nueva constitución es que el Partido Comunista Cubano queda por encima del Estado y de la constitución misma, hecho que deja “bastantes preguntas obvias como si el partido queda obligado o no a ceñirse al documento”.

Al ahondar en sus temas de especialidad que son los estudios de género, Torres habló de dos asuntos fundamentales que, con respecto a la búsqueda de equidad de las mujeres, desaparecen de la Constitución: las licencias de maternidad y el derecho a los círculos infantiles. Aclaró que aunque estos temas queden al aire no significa que se eliminen de la política pública pero sí resultan simbólicos en cuanto a las concepciones del trabajo del cuidado y del trabajo asalariado en Cuba.

“Hay dos buenas nuevas”, aseguró cuando habló de que la nueva constitución hace alusión a los derechos sexuales y reproductivos y a la violencia doméstica, aunque deja también por fuera el tema de la interrupción legal del embarazo y de los feminicidios.

La socióloga Cecilia Bobes partió de la pregunta ¿por qué hacer una nueva constitución en el 2018 si la constitución del 76 ya había sido varias veces reformada? Desde su análisis, la respuesta obedece a la ola del socialismo del siglo XXI en los países de América Latina en la que “los Estados imitan normas constitucionales para generar aceptación internacional y legitimidad”.

Desde su punto de vista, uno de los aspectos más relevantes de este nuevo documento es la incorporación de los Derechos Humanos pues incluirlo en el rango constitucional descoloca la idea de que los derechos fundamentales pertenecen al discurso de la contrarrevolución. Sin embargo, no es del todo positivo, pues los Tratados Internacionales no han sido incorporados.

Esto sirve para ejemplificar cómo es que la nueva constitución “retoma sólo selectivamente algunos mecanismos democratizadores, pero en realidad cercena el espíritu de participación ciudadana y popular en los procesos de toma de decisión”.

A esta idea se sumó el análisis del investigador del CIDE, Rafael Rojas, quien aseguró que la Constitución no es una ley suprema de consenso sino que es la codificación última de un cambio social y político que por ahora responde a la necesidad de constitucionalizar el cambio revolucionario, pero deja de lado todavía el proyecto sucesorio.

Al dar cierre al seminario el moderador de la mesa y coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flacso México, Nicolás Loza, reflexionó sobre si este proceso de reglamentación mantendrá el nivel de discusión tomando en cuenta que la legitimidad se construye desde dentro.