Las prioridades en la agenda del sistema judicial. Conferencia del ministro José Ramón Cossío

Para inaugurar el Ciclo Académico de la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el ministro Cossío dictó la conferencia magistral “Agenda y desafíos de las Reformas Judiciales en México 2011-2012” en la que puntualizó cinco temas fundamentales sobre los que se debe accionar para evitar que el “sistema judicial mexicano se desfonde”.

El primero es el caso de los juicios orales al que Cossío describió como una de las “transformaciones más importantes histórica, jurídica y culturalmente en este país” debido a que, hasta ahora, los procesos judiciales eran escritos con todo lo que ello implica, “pero nadie ha sido capacitado en las habilidades o instruido en las técnicas que se requieren para pararse frente a un juez y argumentar un caso y ahí, sólo ahí, lograr una condena o una absolución”.

El ministro de la Suprema Corte argumentó que no se trata de un modelo fallido sino que no se han tomado las medidas necesarias para hacerlo entrar en vigor “no se han capacitado policías, no se ha instruido a los servicios periciales que son fundamentales y tampoco estamos reconstruyendo los textos de enseñanza para los abogados”.

Advirtió que en caso de que no se concreten estos ajustes “puede generarse una impunidad no sólo por lo inadecuado de las acusaciones sino porque el propio sistema sea incapaz de sostenerlas o condenarlas, lo cual llevaría a una severa crisis de legitimidad de los sistemas judiciales”.

El segundo punto a resaltar es el de los juicios mercantiles. Se trata de juicios que tengan como monto principal 222 mil pesos. El ministro Cossío aseguró que “a nivel federal no se han hecho las transformaciones necesarias: hay que entrenar a las personas, hay que grabar las audiencias, mandar a la apelación una cinta, mandar al amparo una cinta y no existen todavía los cambios operativos que son necesarios para llevar estos casos”.

El tercer tema es el sistema de justicia de niños y adolescentes, en el que se hizo una reforma estructural y hay dificultades importantes en la implementación.

El ministró señaló que se intentó transformar el sistema “para que los jóvenes tuvieran una semejanza con los derechos fundamentales que cualquiera puede tener, se consideró que debería existir un sistema especializado en jóvenes pero con mayores garantías jurisdiccionales y, aunque se puso un término para que todo el país se adecuara a esta reforma, cuando llegó el tiempo ni el sistema federal ni los estatales cumplieron con los ajustes”.

En cuarto lugar destacó un asunto de “enorme complejidad”: el de los jueces de ejecución que entró en vigor en junio de 2011 pero todavía hay algunos estados que no tienen jueces en esta materia, “consecuentemente las penas han sido ejecutadas por autoridades administrativas que, en caso de un amparo, estarían consideradas como autoridades incompetentes”.

El quinto punto fue la reciente resolución de la SCJN conocida como el “Caso Radilla”, “con unas implicaciones brutales, gigantescas para la forma de operación del sistema jurídico mexicano”. Aseguró que se trata de una de las sentencias más importantes que se han dictado a lo largo de la historia porque transformó por completo el sistema judicial porque extiende la facultad de control difuso de constitucionalidad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

También resaltó la posibilidad de que todos los jueces puedan dejar de aplicar una disposición que a su juicio resulte inconstitucional en el caso concreto que están juzgando.

Por último, el ministro resaltó que lo que se vive actualmente en el sistema judicial “es un mundo que ha sufrido cualquier cantidad de transformaciones e intensidades que no se están acompañando en la totalidad de los actos que es necesario ir realizando para que todas estas medidas se puedan concretar”.