La reforma al Artículo 1 constitucional, aprobada en junio del año pasado, abrió un escenario obligado para que los derechos humanos sean garantizados por la vía judicial, en tanto son derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, aseguró el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el Foro Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizado el pasado fin de semana en las instalaciones de la SCJN, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, aseguró que, al hacer válidos estos derechos, los retos para el sistema judicial federal son muy amplios, pues implican la prohibición de medidas regresivas y la no discriminación.
Trabajo, alimentación, salud, vivienda, seguridad social, educación, cultura, agua y medio ambiente, son algunos de los ámbitos englobados en los derechos económicos, sociales y culturales; derechos humanos que al ser defendidos, de acuerdo con lo discutido en el foro, pueden constituir herramientas jurídicas útiles para transformar realidades que vulneran la dignidad humana.
Al respecto, [b]Francisco Valdés Ugalde[/b], director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, afirmó que es un “mito” que los derechos humanos no sean justiciables, pues el respeto y cumplimiento de los mismos “representa un nuevo paradigma que alumbra el quehacer social, la acción política y el estudio de la vida en sociedad en el siglo XXI”.
Por tal motivo, Valdés Ugalde subrayó la importancia de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos económicos, sociales y culturales a partir de criterios básicos de progresividad y no regresión.
“Antes se le daba prioridad a los derechos civiles y políticos por encima de los económicos, sociales y culturales; ahora sabemos que ningún grupo de derechos humanos es más importante que otro, todos son igualmente relevantes para construir el objetivo común: la dignidad humana”, señaló.
Además de la SCJN, el Consejo de Judicatura Federal y la FLACSO México, entre las instituciones convocantes al foro estuvieron la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.