El derecho fundamental de las mujeres a ser electas, vulnerado desde los códigos electorales

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos políticos y electorales”, desarrollado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres y FLACSO-México, con el objetivo de hacer una propuesta integral que contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en México.

Para el estudio se creó un Índice de armonización que identifica el grado de avance legislativo en esta materia. Según este índice, los estados que garantizan en mayor medida el derecho de las mujeres a ser electas son San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, mientras que los estados con un índice menor son Nuevo León, Nayarit y Guanajuato.

La investigación destaca nueve códigos estatales que están más adelantados que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), pues han incorporado en su normatividad varias obligaciones que se desprenden del estándar del derecho a ser electas.

En la mayoría de las entidades federativas estudiadas se encontró que no existe claridad en las sanciones aplicables a los partidos políticos que no cumplen con las cuotas establecidas de mujeres en las candidaturas a los congresos o ayuntamientos.

Subiñas resaltó que a pesar de que las cuotas de participación femenina están establecidas, también se debe garantizar en la norma la equidad entre hombres y mujeres en la distribución de los recursos de campaña, en el acceso a los medios de comunicación y en el ejercicio del poder.

Para la investigadora no se trata de establecer una normatividad ideal sino de identificar las garantías, obligaciones y los medios con los que cuentan las autoridades para hacer valer los derechos políticos de las mujeres e integrarlos en los códigos electorales estatales.

La especialista hizo hincapié en que la armonización en materia electoral se debe completar con la creación y el fortalecimiento de redes de actores locales para vigilar el cumplimiento de las obligaciones generales del Estado y para promover su desarrollo mediante la sensibilización y la difusión.

“De poco sirve un marco normativo de avanzada si no se lleva a la práctica a partir de garantías y medidas de protección adecuadas que se complementen con la incidencia en las causas estructurales y culturales que obstaculizan el hecho de que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y sociales, como estipula la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW)”, afirmó Subiñas.

Para avanzar hacia la igualdad de derechos políticos es indispensable complementar la armonización de los códigos con medidas transversales de igualdad de género en materia electoral, concluyó la politóloga.

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